Con el nuevo gobierno salido de las urnas en Marzo de 2004, se promueve un
plan, un plan de reimpulso de la Televisión Digital Terrestre que termina
conduciendo a una modificación del Plan Técnico Nacional del 98, el que
sería el segundo plan técnico nacional de la TDT en España, ya de 2005. Se
plantea un proceso de transición en el que se pone el énfasis y se hace
pivotar la filosofía de la transición de la televisión analógica a la
televisión digital terrestre en España en emisiones en abierto y en la que
se configura como tractor del proceso de migración por un lado, a la
radiotelevisión pública, a Televisión Española, a la que se le adjudica
la responsabilidad de un múltiplex completo más un canal en otro múltiplex de
frecuencia única y la simultaneidad de las emisiones en analógico también
en digital; además de la posibilidad que se le ofrece a los distintos
operadores de televisión con emisiones en analógico de poder acceder hasta
dos canales adicionales más. En el caso de aquellos operadores que sólo se
encontraban en televisión digital terrestre, como era el caso de Net y Veo, de
acceder a un canal adicional más. Y por último, nos encontramos con la
aparición, también en un esfuerzo de incremento de la pluralidad en el sistema de
televisión español, la aparición de un nuevo operador, La Sexta, que se le
adjudican también en régimen de concesión administrativa dos canales de TDT y
transitoriamente un canal de apoyo con una cobertura limitada para el
periodo de transición en analógico. De esta manera, los canales, los
multiplex que se encontraban vacantes o sin uso desde la quiebra de
Quiero Televisión se vuelven a ocupar con una oferta plural, diferenciada
respecto de los contenidos ofrecidos en analógico, en la que se simultanean
los contenidos que también accedemos a ellos en emisiones analógicas y por
lo tanto, en el ámbito de la cobertura estatal hay hasta veinte canales en
TDT, de los cuales una gran mayoría, prácticamente 15 o 16 canales, son novedosos y
diferenciados respecto a la oferta analógica, oferta a la cual se suman las
emisiones de las televisiones públicas y privadas de cobertura autonómica
y cobertura local. Por lo tanto, desde un mismo punto geográfico,
cualquier telespectador, cualquier ciudadano en el territorio español puede
sumar, además de la oferta de televisión de cobertura estatal en TDT de
veinte canales de televisión, entre cuatro y ocho canales (dependiendo de la
comunidad autónoma) de televisión autonómica pública o privada y también
(dependiendo de la localidad) entre cuatro y ocho canales más de televisión
local pública o privada, según los casos. Por lo tanto, una oferta muy
atractiva y muy amplia desde el punto de vista del número de canales
accesibles por parte de los telespectadores. El Plan Técnico Nacional de 2005 al
momento del apagado de la televisión analógica nos ofrece una panoplia de canales
novedosos, diferenciados y por lo tanto atractivos, a la que se suma
también la posibilidad no sólo de canales de abierto sino también la
aparición de dos canales de pago, es el caso de Gol Tv y por otro lado, el
canal producido y gestionado por Sony Entertaiment en el ámbito de la
concesión de Veo Televisión, el conocido comercialmente como el canal AXN.
Por lo tanto, nos encontramos ante un nuevo fenómeno que es el de la
televisión de pago en televisión digital terrestre en un marco o en un
ámbito de plataforma horizontal que posibilita el acceso en pago a contenidos muy
segmentados en la oferta televisiva de cobertura nacional en España. Tras
el apagado analógico, con posterioridad al 3 de Abril de 2010, se genera un
nuevo escenario en el ámbito televisivo español, sólo en televisión
digital, sólo digital, desaparecen las emisiones en analógico, en la que
cada uno de los operadores en la práctica pasa a convertirse en un operador
de ancho de banda. Cada operador de televisión en nuestro país pasa a disponer de
un multiplex completo que es tanto como hablar de un operador de 20 Mbps y
por tanto, un operador de televisión, un mismo operador de televisión
puede simultanear distintos modelos de negocio a la hora de prestar el
servicio televisivo: en abierto, en pago, con calidad estándar o en alta
definición o incluso generar ámbitos de mercado secundarios con el
arrendamiento de hasta un máximo del 25%, esto es un canal de los cuatro
posibles en cada uno de los multiplex a un tercero. Junto a ello, y esto
es lo relevante, también la posibilidad de poder reservar hasta un 20% del
total de ancho de banda disponible en cada uno de los multiplex para la
prestación de servicios interactivos, servicios de datos y por lo tanto,
de la sociedad de la información o tradicionalmente ubicados en el ámbito de Internet
en el entorno televisivo. Una situación convergente en la que los
operadores de televisión, como aquí se expresa, pueden simultanear
múltiples modelos de negocio y también posibles futuras evoluciones de los
niveles de definición y calidad de la imagen y del sonido prestado al
conjunto de telespectadores. De forma muy rápida, reiterar que la
situación, el origen de los servicios televisivos en España goza de una
cierta juventud. Tenemos una cierta tendencia a pensar que la televisión ha
estado presente de toda la vida y no hablo de los términos de la vida
individual sino históricamente, cuando en la práctica, en el caso español,
cuyo servicio tiene escasamente 50-54 años, las primeras emisiones de
Televisión Española se producen el 28 de Octubre del año 56 y desde aquel
momento hasta el día de hoy, en especial desde la aprobación de la
Constitución Española de 1978, nos hemos ido encontrando con una serie de
normas y leyes que han venido regulando y estableciendo distintas
obligaciones con rango de ley para el servicio televisivo. Como
legislación básica y clave para una comprensión certera del modelo televisivo
español nos encontramos con la ley 4/1980, conocida como Estatuto de la Radio
y la Televisión que es la ley que hasta el 1 de Mayo del pasado año 2010 ha
sido la legislación básica vigente en nuestro país y que con
posterioridad, en un proceso de sedimentación o acumulación de distintas normas,
se fue abordando de forma muy segmentada el fenómeno televisivo. Así, en el
año 1983 se aprueba la ley de terceros canales, de canales públicos
autonómicos. En el año 1988 se aprueba la ley de televisión privada y lo
que ello conlleva, de posterior introducción de los canales de televisión
privada por régimen de concesión administrativa en España, lo que en su momento fue
Antena 3, Telecinco y Canal+. Ya en el año 1995 se aprueba la ley de
televisiones locales y la ley de telecomunicaciones por cable, que contienen en su seno
la regulación de la televisión difundida a través de operadores de cable. En
el año 1997 se regulan los sistemas de acceso condicional a la televisión
digital, tanto por satélite como por cualquier otro medio de transmisión o
difusión de la señal televisiva y como refería antes, en la Ley 66/1997,
en la conocida popularmente como Ley de acompañamiento a los presupuestos
generales del Estado del 98, en su disposición adicional 44ª se sientan las bases
de la televisión digital terrestre en nuestro país. Ya más recientemente,
tras el proceso electoral celebrado en España en 2004, el nuevo gobierno
aprueba, en el marco de un acuerdo de gobierno de 31 de Diciembre de
2004, como primera iniciativa legislativa la Ley 10/2005 de medidas urgentes
para el impulso de la televisión digital terrenal, de la liberalización de
la televisión por cable y de fomento del pluralismo. Esta ley de medidas
urgentes abre el proceso, desde una perspectiva legislativa regulatoria, de reforma
del sistema jurídico audiovisual español que se termina concretando en
primer lugar en la Ley 17/2006 de reforma de la radio y la televisión de
titularidad pública, en concreto de lo que afectaría al nuevo régimen
jurídico de Radiotelevisión Española, la nueva corporación
Radiotelevisión Española y ya en la actual legislatura, la aprobación del Real
Decreto Ley 1/2009 de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones
que, por un lado amplía a concepto de servicio universal el servicio de
televisión, en este caso de televisión digital terrestre a través de
satélite para aquellas zonas de sombra donde no llegue la señal de TDT y
también de posibilidad de acuerdos, asociaciones o integraciones de operadores de
televisión garantizando unos mínimos de pluralidad para el sistema
televisivo español de cobertura nacional: como mínimo tres operadores
privados en convivencia con el operador público y entre aquellas empresas u
operadores de televisión que en ningún caso excedan el 27% del share al
momento del acuerdo de fusión o de asociación en el año inmediatamente
precedente, como media del año inmediatamente precedente. En el año 2009 se
aprueba la Ley 8/2009 de financiación de la corporación Radiotelevisión
Española que elimina la posibilidad de ingresos publicitarios por parte de
la corporación RTVE y por último, la ley 7/2010 general de la comunicación
audiovisual que finalmente, viene a cumplir las expectativas que durante muchos
años se venían reclamando desde el sector para acabar con la situación de
dispersión y de inseguridad jurídica que se generaba por el gran volumen de
normas, en algún caso no coherentes entre sí, en el ámbito de la regulación
del sistema televisivo español. La ley general de la comunicación
audiovisual introduce en su seno, acoge en su articulado no sólo toda la
legislación precedente, ya sea en el ámbito de las infraestructuras, de las
titularidades o de las coberturas, como legislación básica sino que también
recoge la regulación tradicional de los contenidos televisivos no sólo en
España sino derivados del ámbito europeo. Así, la ley general audiovisual
recoge en su texto articulado la regulación tradicional que nos encontrábamos
derivada de la directiva conocida como de Televisión Sin Fronteras, la
directiva 89/552, no sólo del año 1989 sino de sus posteriores
modificaciones del año 1997 o la más reciente de 2007, en la que ya no hablamos
de directiva de televisión sin fronteras sino que, adecuada a la nueva
realidad convergente derivada de la introducción de la tecnología digital y de la
difusión de los contenidos audiovisuales no sólo a través de la televisión
sino a través de otros medios como por ejemplo Internet o la telefonía
móvil, nos encontramos con que esta directiva de 2007 pasa a encontrarse
referida, a tener la rúbrica de Directiva de Contenidos Audiovisuales sin
Fronteras abordando la regulación de los contenidos en una doble
perspectiva: para los contenidos lineales o que tradicionalmente hemos
identificado como televisión o servicio de televisión y como regulación
para los contenidos no lineales o bajo demanda o a petición sobre un
catálogo que son aquellos demandados y perceptibles por los usuarios en
aquel momento en que deciden acceder a ese contenido específico que se
encuentra disponible en la oferta de cualquier proveedor de contenidos
audiovisuales; es la posibilidad de cualquier usuario de poder acceder, por
ejemplo, un vídeo en una web en un servidor, como es el caso de Youtube o como
es el caso de cualquier operador de televisión que nos ofrece la posibilidad de
acceder a capítulos de sus programas o elementos de su programación
televisiva mediante sus páginas web, lo que conocemos técnicamente como
catch-up TV. Esta regulación de contenidos también se termina recogiendo en la
Ley General de la Comunicación Audiovisual, que por fin nos da esta visión
omnicomprensiva del fenómeno y de la regulación con rango de ley del sistema
televisivo en España. Con posterioridad a la aprobación de la Ley General
de la Comunicación Audiovisual, la Comisión Europea ha acometido un proceso de
codificación de las directivas, originalmente de Televisión sin Fronteras,
finalmente de Contenidos Audiovisuales sin Fronteras, que se recogen en un
texto de directiva comprensible, legible y entendible que no es más que la
subsunción en un mismo texto de las distintas modificaciones que se han ido
produciendo desde el año 1989 hasta el año 2007 en esta Directiva de
Televisión o Contenidos Audiovisuales sin Fronteras que es la que hoy
conocemos como Directiva 2010/13 de la Unión Europea de Contenidos
Audiovisuales sin Fronteras. Nos encontramos por tanto y la regulación así lo
aborda, en un nuevo entorno convergente, un entorno en el que no sólo la
difusión de los contenidos gracias a la tecnología digital se hace
perceptible y accesible por cualquier dispositivo o medio y por cualquier
sistema de transmisión, por cualquier infraestructura sino que también la
producción de los contenidos se ha visto afectada directamente por esta
nueva realidad convergente que es la aplicación en todos los eslabones de la cadena
de valor de la producción de contenidos audiovisuales de la tecnología
digital. Hoy cualquier contenido es difundible y accesible a través de cualquier
dispositivo y por lo tanto, no sólo a través del tradicional medio
televisivo, no sólo a través del dispositivo tradicional que antaño conocíamos o
considerábamos como televisión. La Ley General Audiovisual, en el ámbito
de la discapacidad ha vivido distintos momentos en su proceso de
elaboración. Así, en la pasada legislatura en los textos del anteproyecto de
la Ley General Audiovisual que llegaron a ser remitidos al Consejo de
Estado, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que tuvieron
una cierta difusión pública, en su artículo 63 por primera vez se introduce en
esta legislación general el derecho de las personas con discapacidad al
acceso al medio televisivo y los medios audiovisuales. Esta regulación,
estos primeros trabajos en el ámbito legislativo para garantizar la accesibilidad de
las personas con discapacidad a la televisión, se concretaban en estos textos de
anteproyecto, que se encuentran a su disposición en estas diapositivas, y junto con
ellos, también se articulan los instrumentos o las herramientas, como es el
subtitulado, la audiodescripción o el uso de la lengua de signos para
garantizar que efectivamente este servicio fuese accesible. El anteproyecto de
Ley General Audiovisual elaborado en la anterior legislatura establecía
tres niveles de accesibilidad a la televisión en tres ámbitos distintos: el
ámbito del servicio público, el prestado por operadores privados y el
prestado por plataformas multicanal y por lo tanto, la derivación de
obligaciones de accesibilidad para aquellos operadores de televisión que no
requerían de una concesión administrativa o con la terminología ya en este
nuevo entorno liberalizado, de un título habilitante o licencia para su
prestación; esto es los canales distribuidos a través de plataformas multicanal
de televisión. Así, en el caso de servicio público, se llegaban a porcentajes
de hasta el 100%, en el caso de licencias hasta el 70% y el resto de canales
el 50%. Estos plazos, teniendo en cuenta las previsiones que en su día se
introdujeron en la disposición final 7ª de la Ley 51/2003, se concretaban
en un calendario de introducción de las obligaciones que se concretaban en
este cronograma que iba desde el año 2006 hasta el año 2015 inicialmente y
que de acuerdo con los criterios de esta ley se acortan del 2007 hasta el
2013. Estos trabajos desarrollados en el ámbito del texto del
anteproyecto de la Ley General Audiovisual en la pasada legislatura, de alguna
manera son la contribución, los fundamentos, los pilares en los que se termina
asentando el texto de la Ley General Audiovisual aprobada en la presente legislatura
y que entra en vigor el pasado 1 de Mayo de 2010, contenidos en esta Ley
7/2010 General Audiovisual que ya establece no sólo el principio de
accesibilidad, sino su transversalidad para todos los ámbitos de la
televisión, de la difusión, la provisión de los contenidos televisivos, del
servicio televisivo, de los contenidos audiovisuales a los ciudadanos en
movilidad, en alta definición… El ámbito de aplicación de la Ley General
Audiovisual es tanto para la televisión tradicionalmente considerada como
la televisión a petición, la televisión en movilidad, la radio, la radio a
petición y en la terminología de la ley, no porque lo diga yo en este caso,
la radio en movilidad, tanto en abierto como en codificado y en pago y en
aplicación del principio de neutralidad tecnológica, por lo tanto,
aplicable a estos servicios ya sean distribuidos por ondas terrestres, por cable,
por satélite, por protocolos de Internet, por dispositivos móviles… La Ley
General Audiovisual en su artículo 8 sobre los derechos de las personas con
discapacidad en su número 1 establece que las personas con discapacidad
visual o auditiva tienen el derecho a una accesibilidad universal a la
comunicación audiovisual de acuerdo con las posibilidades tecnológicas
disponibles en cada momento. Así, las personas con discapacidad auditiva
tienen el derecho a que la comunicación audiovisual televisiva en abierto y
de cobertura estatal o autonómica subtitule el 75% de los programas y cuente al
menos con dos horas a la semana de interpretación con lengua de signos. En este mismo
sentido, las personas con discapacidad visual tienen derecho a que la
comunicación audiovisual televisiva en abierto y de cobertura estatal o
autonómica cuente con al menos dos horas audiodescritas a la semana. En este
sentido, la disposición transitoria 5ª de la Ley 7/2010 General
Audiovisual establece dos calendarios diferenciados ya sea para los
operadores privados, por lo tanto los tenedores de una licencia para la
prestación de este servicio y que deberán de haber alcanzado a 31 de
Diciembre de cada año los siguientes porcentajes y valores, tanto de subtitulación,
lengua de signos y de audiodescripción. En el caso del prestador del
servicio público televisivo en España, esto es la corporación
Radiotelevisión Española, o autonómicos públicos deberán haber alcanzado
para antes del 31 de Diciembre de 2013 porcentajes de hasta el 90% de su
programación subtitulada para personas sordas con al menos 10 horas
semanales de lengua de signos o 10 horas de audiodescripción. Dicho esto,
¿quién regula y cómo la accesibilidad en los servicios audiovisuales?
¿Cuál será la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de estas
obligaciones a los operadores de estos servicios o herramientas de
accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial? Decir, como antecedente,
que ya en el año 1997, a raíz del proceso de liberalización de las
telecomunicaciones en España, con la aprobación de la Ley de Liberalización de las
Telecomunicaciones se crea la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. En su reglamento de régimen interior ya se previó la
posibilidad de la subdivisión de su consejo en dos comités: el comité de los
servicios de telecomunicaciones, como pueden observar aquí, y el comité
audiovisual. Esta posibilidad, recogida en su reglamento de régimen
interior nunca se llegó a ver concretada puesto que la intención del
Gobierno en aquel momento de incorporar como competencias de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones aquellas referidas a los contenidos
audiovisuales, que inicialmente se tenía previsto se iba a producir con la
trasposición de la directiva de Televisión sin Fronteras en el año 97, no se
llegó a concretar y por lo tanto, esos comités nunca se han llegado a
constituir en el seno del consejo de la CMT. Por lo tanto, desde entonces y
hasta ahora, la autoridad audiovisual se ha mantenido en el ámbito del
Gobierno, en concreto en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Con la aprobación de la Ley General Audiovisual se aprueba, por
fin, la autoridad independiente para el audiovisual en nuestro país y por
lo tanto, acaba con un grave déficit democrático como el que veníamos padeciendo en
España a diferencia de lo que ya es norma en el resto de países de la Unión
Europea de 27 países, con la excepción del caso de Luxemburgo. Es la
creación de una autoridad audiovisual independiente el caso español, el
que se denomina Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el CEMA. Este
consejo inicialmente se crea, se configura con un consejo compuesto de nueve
miembros: siete consejeros, un vicepresidente y un presidente, del cual pendería
un comité consultivo a través del cual también se podría relacionar el
conjunto de la sociedad civil. Este sería el órgano, el CEMA, el que velaría
por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley General
Audiovisual y por lo tanto, también el garante del cumplimiento de las
obligaciones de accesibilidad a los servicios audiovisuales para las personas con
discapacidad. A día de hoy, al momento de la grabación de esta clase, se
encuentra abierto el debate en el contexto de la Ley de Economía Sostenible de
la posibilidad de tender hacia un organismo regulador convergente para las
comunicaciones en España. Y así, como un anticipo de lo que puede que sea
ya una realidad en el momento en el que ustedes disfruten de esta clase, se
discute la posibilidad de terminar configurando un organismo regulador con dos
ámbitos diferenciados de regulación: el Consejo del Mercado de las
Telecomunicaciones en paralelo y en situación de igualdad al Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales, que tendrían en común una misma presidencia y el
conjunto de los servicios técnicos y administrativos para garantizar el ejercicio de las
funciones y competencias que tienen encomendadas. Entiendo que se está trabajando en
el sentido de disponer de una autoridad audiovisual convergente adecuada a
esta realidad convergente, que nos viene dada de la realidad de la
introducción de la tecnología digital en el ámbito de la televisión y por
lo tanto, equiparable y de acuerdo con lo que es el ámbito más avanzado en
la regulación del sector de las comunicaciones electrónicas y del audiovisual en
Europa y en los países de nuestro entorno. Yo, con esto, no me queda más que
despedirme de todos ustedes, agradecer la atención que me han prestado y
recordarles que para cualquier cuestión, cualquier duda, nos encontramos a
su disposición, en mi caso concreto me encuentro a su disposición en esta
dirección de correo electrónico. Igualmente, les reitero que también se
encuentra a su disposición el profesor de apoyo, del que ustedes disponen
en el ámbito de este Master y que a través de Aula Global, la plataforma de
este Master, podrán encontrarse no sólo material de apoyo y documentación
referida a los temas que les he impartido, de las clases que les he impartido
sino que también se encontrarán algunos ejercicios que tendrán que realizar
en relación con las materias que les he impartido. No es necesario, pero
les recuerdo que es más que probable que algunos de los aspectos que han
sido tratados en las clases que les he impartido serán o constituirán
algunas de las preguntas que se encontrarán en el examen final de este módulo
que les impartimos en el contexto de este Master. Yo por mi parte, nada más y
de nuevo, muchas gracias por su atención.