Hola de nuevo. Hoy vamos a ver una aplicación, un desarrollo concreto de lo que
pudimos ver en el anterior tema en el que abordamos el principio de la
accesibilidad universal para las personas con discapacidad en el plano
regulatorio, legislativo, global y general en España. Y así no sólo para el
caso concreto de nuestro país, sino también desde una perspectiva comparada,
poder observar la regulación y la legislación en el ámbito de la accesibilidad de
las personas con discapacidad a las personas a la televisión digital terrestre.
Hace escasos meses, antes del apagado analógico y por lo tanto el
encendido, como hemos denominado el encendido digital que se produjo en España el
pasado 3 de Abril de 2010, hubiéramos hablado de la accesibilidad a la
televisión en general. Hoy hablamos de la televisión igualmente pero somos
conscientes de que el entorno de la televisión por ondas hertzianas terrestres
distribuidas en España, ya son única y exclusivamente en televisión
digital terrestre. Y de alguna manera, ya hemos entrado en un nuevo
panorama, en un nuevo ámbito en el que distintas herramientas y
posibilidades que nos ofrece la tecnología digital aplicada a la televisión
son usables, utilizables y por lo tanto también disponibles para el
conjunto de los usuarios a la hora de acceder a los servicios
audiovisuales, a los servicios televisivos. La regulación y la legislación de
la accesibilidad a la televisión, a la TDT, por lo tanto no es más que la
concreción que para el ámbito de la televisión se establece por parte de la ley 51
del 2003 a la prestación y el acceso a los servicios de la sociedad de la
información, y en este caso a los servicios en la televisión. A la hora, a la
hora de plantearnos y desde una perspectiva de jerarquía normativa en España,
no podemos por menos que empezar haciendo una referencia expresa, específica,
a la base legislativa, la base del marco jurídico legal español que es
nuestra constitución: la Constitución Española de 1978. Y cuando nos
referimos a una perspectiva constitucional a la discapacidad y al ejercicio
efectivo, al reconocimiento del derecho a la accesibilidad, el derecho y el
concepto de accesibilidad universal, tenemos que hacer una mención expresa,
concreta, a al menos cuatro artículos de nuestra constitución. Así, en el
número 2 del artículo 9 de la constitución española nos encontramos con que
aquí se establece que corresponde a los poderes públicos, a las
administraciones, el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida
política, cultural y social. El artículo 9.2 de la Constitución Española
establece por tanto la obligación. Establece de forma imperativa el que el
conjunto de los poderes públicos, los gobiernos, las administraciones, se
impliquen de manera proactiva para remover aquellos obstáculos que pudieran
impedir, en mayor o en menor medida, el ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales, reconocidos en nuestra constitución. En
concreto, la libertad y la igualdad del conjunto de los ciudadanos. Por lo
tanto, la obligación para los poderes públicos de remover todos aquellos
obstáculos que por ejemplo, se pudieran encontrar las personas con algún
tipo de discapacidad para poder relacionarse, acceder o comportarse de forma
autónoma e independiente en condiciones de igualdad a las del resto de los
ciudadanos. Junto con ello, el artículo 10 de la constitución española
establece como principio básico la dignidad de la persona como un fundamento
del orden político y de la vida social. Por lo que, la dignidad del
conjunto de los ciudadanos, la dignidad del conjunto de las personas en
España, es un fundamento del conjunto del orden político y de lo que
entendemos como paz social. En este ámbito de reconocimiento de la dignidad,
se encuentra por tanto también, el reconocimiento íntegro a la identidad y las
realidades individuales de cada uno de los ciudadanos y junto con ello, de
la inserción de forma pacífica al conjunto de la sociedad. El artículo 14, un
artículo básico en el ordenamiento jurídico constitucional español, reconoce la
igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, para todos
los ciudadanos. Por lo tanto, no solo se reconoce y se establece la
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sino que a la vez, y junto con
ello, se establece el que no puede prevalecer, ni mantenerse ningún tipo de
discriminación, para ningún ciudadano, independientemente de las
condiciones o situaciones geográficas, sociales, económicas, políticas o
de discapacidad en la que se pueda encontrar. El principio de no discriminación
no es un ámbito pasivo. Exige de una actuación proactiva por parte de las
administraciones públicas y, a partir de ahí, las administraciones, los
poderes públicos, deben de intervenir para evitar el que pueda ejercerse
o pueda desarrollarse cualquier tipo de discriminación para cualquier
persona en nuestro país. Y ya en el artículo 49, referido específicamente a las
personas con discapacidad. En este artículo se ordena a los poderes públicos el
que se preste de forma especializada, que se preste una atención
especializada a aquellas personas, aquellos ciudadanos que requieran un
especial amparo, una especial dedicación para el disfrute efectivo, para el
ejercicio efectivo de sus derechos. En cumplimiento también reconocidos de
los derechos a la igualdad en el artículo 14, a la dignidad en el artículo 10
y en el ámbito de la promoción por parte de los poderes públicos para el
ejercicio de estos derechos por el conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto nos
encontramos en el sistema jurídico español, con una base sólida, asentada,
expandida en el conjunto del texto articulado de la Constitución Española de
1978, que viene y que pretende garantizar a todos, a todos los ciudadanos, el
ejercicio efectivo de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad y sin
ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, y desde esta perspectiva, no
sólo estamos pensando en un colectivo o colectivos concretos sino estamos
observando al conjunto de los ciudadanos en un plano equitativo y no
discriminatorio. Y por lo tanto, y como conclusión en lo que se refiere a
este aspecto, en el contexto y en el conjunto amplio de los españoles, nos
encontramos también a todas aquellas personas que padecen, que se encuentran en
alguna situación de discapacidad del tipo que sea, a las que se les viene a
garantizar el ejercicio efectivo, equitativo, autónomo e independiente de sus
derechos y libertades. Y la obligación de los poderes públicos de remover
cualquier situación o causa de cualquier discriminación que les pudiera
afectar. En desarrollo de este principio constitucional, de estos principios
constitucionales derivados del principio de igualdad de nuestro artículo 14
de la Constitución Española, como ya pudimos observar el pasado día en el tema
referido específicamente al concepto de accesibilidad universal, nos
encontramos con que la ley 51 del 2003, la conocida como Liondau, Ley de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las
personas con discapacidad, tras más de 20 años desde la aprobación de la
que se conoció como ley de integración social de los minusválidos, la
conocida popularmente como Lismi, ha venido a incorporar tras este bagaje desde
la aprobación de la constitución hasta las fechas actuales elementos mucho
más avanzados en el sentido de garantizar conceptos como el que pudimos ver
el pasado día en relación con el concepto de accesibilidad universal o diseño
para todos. Esta ley, la ley del 2003, la ley 51 del 2003, introduce un
principio que en su momento nos encontrábamos en la Lismi, en la ley de
integración social de los minusválidos, que es el principio de
transversalidad. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva que ya
conocemos de accesibilidad universal y de diseño para todos, nos
encontramos con que la Liondau del 2003, recoge el principio de
transversalidad desde la perspectiva del desarrollo o la necesidad de
aplicación de políticas en materia de discapacidad que no solo sean
exclusivas o para el ámbito sectorial de la discapacidad. No sólo
dirigidas para el ámbito de las personas que se encuentran en una situación
de discapacidad del tipo que sea. Sino que se orienten de forma
transversal para el conjunto de la legislación. Y que por tanto, se remuevan todos
aquellos obstáculos que nos pudiésemos encontrar en cualquier ámbito de la
legislación o de la vida administrativa, del devenir cotidiano de nuestra
actividad en la sociedad. Si por lo tanto, este principio de transversalidad
se aplica, como pudimos también ver en los desarrollos reglamentarios de
la Liondau, se aplica a ámbitos como el transporte, el diseño urbano, la
arquitectura, las telecomunicaciones y el acceso a la sociedad de la
información o a la relación con las administraciones públicas. Así, el artículo 10 de la
ley 51 del 2003, la Liondau, señala como condición básica de accesibilidad y
no discriminación que el gobierno, sin perjuicio de las competencias que
sean propias de cada una de las comunidades autónomas, regule las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación en garantía del principio de
igualdad reconocido en el artículo 14 de nuestra constitución. Una
garantía de equidad de oportunidades a todos los ciudadanos con alguna
discapacidad. Haciendo una enumeración rápida, una enumeración somera de
los desarrollos reglamentarios que ya pudimos ver el pasado día, así nos
encontramos con el Real Decreto 1414 de 2006 por la que se determina la
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la ley 51 del
2003, de la Liondau. Ya en 2006 también, el Real Decreto 1417 establece el
sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia
de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad. En 2007 se aprueba el Real Decreto 366 por el que se
establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad en sus relaciones con la administración general del
Estado. Igualmente, también en 2007 nos encontramos con tres reales
decretos: el Real Decreto 505 por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones, el 1544 por el que se regulan las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
modos de transporte para las personas con discapacidad y en lo que aquí
hoy nos ocupa en este tema, el Real Decreto 1994, que viene aquí destacado en
color azul, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y
servicios relacionados con las sociedad de la información y los medios de
comunicación social entre los cuales se encuentra el medio televisivo. En
esta misma línea, asentada por la ley 51 del 2003 y como también tuvimos
oportunidad de ver en el tema relacionado con el concepto de accesibilidad
universal, nos encontramos con la ley 27/2007 por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas. Como recordarán, los objetivos de esta ley son el reconocimiento y
la regulación de la lengua de signos española de las personas con discapacidad
auditiva que libremente quieran utilizarla. Se reconoce igualmente la lengua de
signos catalana en el territorio catalán de aquellas personas que igualmente
quieran utilizarla. Y así, igualmente, se regulan los medios de soporte a
la comunicación oral como, por ejemplo, la subtitulación. La ley 27/2007 de
lengua de signos recoge en su seno los principios y ámbitos de actuación
desde la perspectiva siguiente con seis grandes líneas. En primer lugar la
aplicación del principio de transversalidad y de afección al conjunto de
ámbitos y legislaciones. En segundo lugar, el concepto que ya ustedes conocen
de accesibilidad universal. Igualmente se recoge como principio el de
libertad de elección, quedando a criterio de cada uno de los usuarios, de
cada una de las personas con discapacidad individualmente vista, la
posibilidad de utilización o no, a su criterio, de una u otra herramienta
para la accesibilidad, en este caso oral mediante la utilización de la
lengua de signos o la subtitulación o de cualquier otro medio que pudiera
disponer en cada momento. En cuarto lugar, como principio nos encontramos el
de no discriminación para ningún ciudadano. En quinto lugar se recoge en la ley
27/2007 el principio de normalización y, por lo tanto, de garantía de
homogeneización de regulación en esta materia, de accesibilidad para
personas con este tipo de discapacidades sensoriales, independientemente del
medio o la tecnología utilizada para ello. Y en sexto y último lugar, nos
encontramos como principio establecido, recogido en la ley 27 del 2007, el
del diálogo civil, el de la posibilidad, el de reconocimiento del diálogo
permanente y a partir de ahí también evolutivo, dialéctico, a la hora de la
concreción de las medidas de las herramientas de los instrumentos garantes de la
accesibilidad para personas con este tipo de discapacidad sensorial. El
ámbito de la acción de la ley del 2007 son los bienes y servicios a
disposición del público, los medios de transporte, las relaciones de las
personas con discapacidad con las administraciones públicas, el ámbito de la
participación política y en lo que aquí hoy interesa, de los medios de
comunicación social, las telecomunicaciones y la sociedad de la información. En
el ámbito comparado, resulta de interés conocer cuál ha sido la experiencia
en la que se ha movido la accesibilidad para personas con discapacidad
sensorial a este medio. A nadie se le escapa que el medio televisivo, a
día de hoy en los países de nuestro entorno, en los países en los que nos
desenvolvemos, la televisión ocupa un papel determinante, un ámbito clave
en el conjunto de los medios de comunicación. Esto no lleva, o no conduce, o no
desmerece a otros medios de comunicación, como la prensa, los libros, el
ámbito editorial o la radio por ejemplo o internet. Pero a nadie se le
escapa que la televisión por ejemplo en el caso español, tiene un nivel de
penetración del 99,8% de los hogares en nuestro país. Con una media cercana
a los 2 aparatos receptores por hogar, nos encontramos con que es un medio
de comunicación con una gran capacidad de influencia social y que por
tanto es determinante y clave en el ámbito de relación social en el que nos
desenvolvemos el conjunto de los ciudadanos ya pertenezcamos o no a un
colectivo de personas con discapacidad. La televisión, el medio televisivo,
forma parte de nuestras vidas a pesar de sus escasos, algo más de 50 años
de existencia entre nosotros en el caso de España. Y así, por ejemplo en el
caso del Reino Unido y tradicionalmente ya desde principios de esta década,
se articulan políticas de introducción de obligaciones a los distintos
operadores de televisión para garantizar la accesibilidad al medio
televisivo en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y así, en un calendario de
9 años, nos encontramos con una evolución de las obligaciones de
subtitulación, una progresión, que lleva desde el primer momento en el que
se introducen estas obligaciones hasta la finalización del proceso de
introducción desde un 10 a un 80% de la obligación de la subtitulación para
personas sordas de los contenidos difundidos en televisión en el Reino Unido. En
el caso de la audiodescripción, pasando del 2 al 10% y la inserción de la
lengua de signos desde un 1 a un 5% del total de los contenidos televisivos
difundidos. Así nos encontramos con una progresión, una evolución, en la
que “in crecendo” en un periodo de 9 años se pretendía, en el caso británico,
alcanzar estas cotas de introducción de herramientas de accesibilidad para
personas con discapacidad sensorial. Sordos, ciegos, en mayor o menor medida,
con mayores o menores dificultades de audición o de visualización. En el
caso de Irlanda, un proceso similar. También introducido a principios de esta
década, con la Broadcasting Act del 2001 en el que en este caso, con un
calendario de 10 años y con un distinto nivel, con un diferencial de
presión regulatoria respecto de operadores públicos o operadores privados, nos
encontramos con que las obligaciones alcanzan, para la televisión accesible, en el
caso de la radiotelevisión pública hasta el 100% a canales accesorios,
generalistas pero accesorios del canal principal, de hasta el 90%. O ya en
el ámbito de privados hasta el 80% o hasta el 60%. En el caso de los Estado
Unidos de América, desde la aprobación de la Telecomunication Act del año
1996, nos encontramos con la introducción de las obligaciones de
accesibilidad para las personas con discapacidad. Y así, en un calendario que va del
2000 al 2006 se establecían volúmenes de programación accesible, en este
caso de subtitulación para personas sordas a través del sistema conocido como
“closed caption”, desde las 450 horas de programación por canal y por
trimestre hasta llegar al 100% de la programación con algunas exenciones. O
excepciones. En especial para aquellos canales, estaciones de televisión,
que por cuestiones económicas, el concepto anglosajón de capacidad económica
de poder acometer, de asumir determinadas obligaciones, se establecen algunas
exenciones. Sobre todo para estaciones de televisión de ámbitos más
locales. Pero una obligación genérica, y esto creo que resulta clave, una
obligación genérica de subtitulación para personas sordas de hasta el 100%
del conjunto de la programación. Y esto en inglés. En el caso
norteamericano, la agencia independiente, la autoridad independiente para las
comunicaciones, la Comisión Federal de Comunicaciones, establece
igualmente, en paralelo a las obligaciones de subtitulación en lengua inglesa,
establece también conscientes de la realidad plurilingüística de la sociedad
americana, establece igualmente obligaciones de programación en español en EEUU.
Y así, también nos encontramos que en un periodo que transcurre desde el
año 2001 hasta el 2010, pasamos desde las obligaciones de 450 horas de
programación subtitulada en español por canal y por trimestre hasta el 100%
del total de la programación también con algunas exenciones que ya hemos
comentado. Volviendo al ámbito concreto de nuestro país, el ámbito concreto
del marco jurídico garante de la accesibilidad en España, la ley del 2003, la ley
51 del 2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, la Liondau, en su disposición final
séptima ya recogía las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, de los productos y servicios relacionados
con esta y los medios de comunicación social. Y ya esta ley, en el año
2003, estableció un plazo de 2 años desde su entrada en vigor, para que el
gobierno aprobara unas condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso a estos medios y que fuesen obligatorias en
un plazo de 4 a 6 años desde su entrada en vigor. Esto es, a contar desde
el año 2003. De tal forma que todos estos productos, todos estos servicios,
fuesen susceptibles de ajustes razonables en este periodo, garantizando su
accesibilidad. Y por lo tanto en este periodo de tiempo, removiéndose los
obstáculos, las trabas, para que, efectivamente, estos servicios y productos, fuesen
efectivamente, realmente, accesibles para las personas con discapacidad. En
esta misma línea, ya en la ley del 2003, esta disposición final séptima
estableció un plazo de 2 años desde su entrada en vigor para que el
gobierno realizara los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos
bienes y servicios. En especial aquellos que se considerasen más relevantes
desde el punto de vista de la no discriminación y la accesibilidad. Por lo tanto
nos encontramos con una obligación en este caso para el gobierno, para
acometer desde la entrada en vigor en el 2003, el 2 de diciembre del
2003, de esta ley para acometer la tareas que hiciesen efectivas los
ejercicios de no discriminación y acceso a la sociedad de la información y a
los medios de comunicación social para las personas con discapacidad.
Estos plazos, de alguna manera, han venido, desde ese momento, han venido
afectando de alguna forma positivamente, a la posterior legislación en
materia de accesibilidad en general y en concreto, de accesibilidad a la
televisión. Y así, la ley 27 del 2007 a la que ya nos hemos referido de
regulación de lengua de signos y subtitulación para personas sordas, recoge estos
principios y también hace suyo de alguna manera la concreción de las
obligaciones contenidas en esta disposición final séptima de la ley 51/2003 de
la Liondau. Y en este contexto nos encontramos, ya en el caso concreto español y de
evolución tecnológica de la televisión, con el proceso de transición, de
migración analógica a digital y junto con ello, las posibilidades, las
potencialidades que esta migración, de una tecnología a otra nos ofrece
garantizando y facilitando la introducción de herramientas que garantizan o
que favorecen la accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial
al medio televisivo. La televisión digital terrestre en España, que encuentra
sus bases en una disposición adicional, en concreto en la disposición
adicional 44 de la que se conoció como ley de acompañamiento a los
presupuestos generales del estado de 1998, una ley del 1997, en esta
disposición adicional 44 se sientan las bases legales para la radio y la
televisión digital en nuestro país. Esta previsión, esta base con rango de
ley, se desarrolló reglamentariamente en el año 1998 con la aprobación
del que hemos conocido como primer plan técnico nacional de la televisión
digital terrestre en España. Este plan técnico nacional de la TDT del año
98 previó para la televisión de cobertura estatal, una serie de canales,
múltiplex, para la prestación del servicio de televisión digital, en aquellos
años, denominada terrenal y hoy ya conocida como terrestre. Aquella previsión
hecha por el legislador, por el gobierno en aquel momento en el año 98,
pensó, vio como locomotora del proceso de migración a una plataforma de
televisión de pago al igual que también se vio en el caso británico.
Plataformas de televisión multicanal de pago, en el caso británico conocida
comercialmente como “On digital” y en el caso español un servicio que se
terminó adjudicando en concesión administrativa a la que se conoció comercialmente
como Quiero TV. Fueron experiencias frustradas que iniciaron sus andaduras en el
año 2000 y que terminaron en una situación de cierre, de quiebra económica y
empresarial televisiva en el año 2002. Por lo tanto, una experiencia
efímera. Mientras que en el caso británico esta experiencia se vio, esta
situación de quiebra de On digital se vio rápidamente resuelta por la
autoridad de las comunicaciones independiente británica, por la Ofcom. En sólo 6
meses se transformó On digital como modelo de televisión de pago tractor del
proceso de migración de la televisión analógica a la televisión digital
terrestre, se reconvirtió en lo conocimos como la plataforma “free view”
haciendo énfasis, o poniendo énfasis, en el concepto de televisión
gratuita como contraposición a la televisión de pago que nos habíamos encontrado
previamente en la experiencia de On digital. Esta experiencia de éxito en el
caso británico por el contrario en el caso español condujo a una
situación de parálisis que desde el año 2002 hasta el año 2004/2005 vio
como los distintos canales, tres múltiplex y medio completos que fueron en su
momento adjudicados a Quiero tv, se encontraron bacantes, libres, sin uso. Lo cual
terminó provocando una situación de parálisis en el proceso de migración en
España de la televisión analógica a la televisión digital terrestre. Esta
situación, en la que además nos encontrábamos con la presencia en emisiones en
simulcast, esto es de forma simultánea aquellas emisiones que podíamos ver
en televisión analógica de cobertura estatal o lo que es lo mismo, las emisiones
de televisión española en su canal La 1, La 2, las emisiones de Antena 3,
de Telecinco o del canal explotado en su momento por Sogecable como Canal
Plus, canal de pago o mayoritariamente de pago, en un mismo múltiplex se
encontraban en simulcast las emisiones de estos cuatro operadores con una
oferta que sintonizaban cinco canales de televisión. Junto con ello,
también nos encontrábamos con dos concesionarios de servicio de televisión, sólo en
TDT, sin presencia en televisión analógica, que fueron igualmente
adjudicatarios de concesión en el año 00 y que empezaron sus emisiones en
el 2000, que eran los casos de Neo Tv y Net Tv. 2 experiencias difíciles
puesto que en el momento en el que las emisiones de televisión cesaron se
encontraron en una situación, en una dinámica, si me permiten, de orfandad, de
soledad en el panorama de la televisión digital terrestre. Y lo que es más
grave, sin telespectadores que pudiesen recibir la señal y por lo tanto
dejando sin sentido una experiencia de televisión comercial en abierto
como eran las de estás, y como son a día de hoy también, las experiencias de
estos dos operadores de televisión. Veo y Net insisto, operadores que sólo
se encontraban en televisión digital terrestre y prácticamente con una audiencia
cercana al cero absoluto.